De acuerdo a datos de La Infancia Cuenta en México 2008, en su ensayo temático “Nacer con los derechos bajo el brazo… la primera infancia y sus derechos”, en 2008 las guarderías infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) daban atención a 215,373 niños y niñas hijos de hasta cinco años de padres que aportan 1 por ciento de su salario para financiar este servicio.  En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, se atiende a 18,364 niños y niñas de hasta tres años.  Si se tiene en cuenta de que seis de cada niños y niñas que no tienen derechohabiencia se puede inferir cuántos niños no acceden a este servicio.

Llama la atención que existe una misma norma para la atención de adultos mayores y de niños y niñas en distintas situaciones: la NOM 167.  De acuerdo a esta norma oficial, una de las obligaciones es la de regular infraestructura e instalaciones que permita a niños y niñas “llevar una vida digna y segura”. Sin embargo, la NOM167 es ambigua en sus especificaciones de seguridad, pues no establece pautas específicas, sino que habla de espacios “amplios” o “suficientes”.

No obstante, el problema está más allá de la existencia de normas, apuntando a la supervisión de éstas. El Estado, aun cuando haya subrogado una estancia, sigue siendo responsable de su supervisión. Los hechos presentes demuestran que no existe una estrategia de supervisión, y tampoco existen estrategias paralelas para supervisar guarderías privadas, o la supervisión de estancias infantiles por parte de Sedesol, por ejemplo.

De acuerdo a estadísticas internacionales, el promedio de inspectores de Seguridad y Salud Laboral en el mundo era de 4.1 por cada cien mil trabajadores. En Rumania existen 14.1, en Chile 4.10, y en México 0.5.

Otra de las ofertas, el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a las Madres Trabajadoras, que operan la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) en 2008 se atendían 205,780 niños y niñas de hasta tres años de edad.

En el caso de los servicios privados, la falta de regulación imposibilita contar con un directorio completo. Sin embargo, en un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, aproxima que 40 por ciento de estos centros carece de medidas de seguridad para niños y niñas, y que sólo 12.5 por ciento contaban con un registro ante la Secretaría de Educación Pública.

En lo referente a comunidades rurales e indígenas, el Consejo para el Fomento Educativo, implementa el programa de Educación Inicial no Escolarizada donde atiende a niños y niñas de hasta cuatro años. Los estados con mayor atención en este programa son Oaxaca, San Luis Potosí, Chiapas y Quintana Roo. Junto con los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y los Centros de Asistencia Infantil Comunitaria con atención de niños y niñas de hasta seis años, en 2007 se atendió a 630,383 niños.

Por último, las y los niños atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil operado por la Secretaría de Educación Pública fueron atendidos 210,409 niños de hasta 6 años de edad.  A pesar de que existe un decreto que declaró la educación preescolar como obligatoria, aunque fue pospuesto por la falta de infraestructura y recursos para realizarse, siete de cada diez niños de tres años no tienen acceso a este servicio.